Tegucigalpa miércoles 15 de abril 2026. En cumplimiento del mandato constitucional, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) presentó de forma oficial el informe de su actuación durante el proceso de Elecciones Generales 2025.
El ejercicio de rendición de cuentas documenta la gestión jurisdiccional, técnica y administrativa del organismo, reafirmando su compromiso con la independencia y la objetividad en la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
La presentación del documento se realizó ante representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) Consejo Nacional Electoral CNE, Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), Registro Nacional de las Personas (RNP) Congreso Nacional de la República y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
Asimismo, del Colegio de Abogados, Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Consejo Nacional Anticorrupción CNA, Asociación para Una Sociedad Más Justa (ASJ) y la Universidad José Cecilio del Valle.
Durante el evento, el Magistrado Presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, destacó la importancia de este acto: «Este informe integral es un reflejo de nuestra transparencia; presentamos a la nación un operativo electoral estructurado para garantizar que cada voto fuera respetado bajo el rigor de la ley».
Radiografía de la litigiosidad y resolución de conflictos
El Magistrado Presidente del TJE, destacó que el informe revela que se interpusieron 134 recursos de apelación, concentrándose la mayor litigiosidad en el nivel de corporaciones municipales debido a los estrechos márgenes de votación.
En cuanto a la distribución por filiación política, el partido Libertad y Refundación (LIBRE) encabezó las impugnaciones con 57 recursos, seguido por el Partido Nacional con 40 y el Partido Liberal con 34, sumando también participaciones del PINU y la Democracia Cristiana, puntualizó.
Agregó que, para sustentar sus decisiones, el TJE desplegó una rigurosa actividad probatoria que incluyó el análisis de cuadernos de votación y actas de cierre. Bajo la supervisión directa del Pleno de Magistrados, se ordenaron 14 recuentos jurisdiccionales, lo que implicó la revisión física de 208 Juntas Receptoras de Votos. «Nuestra función fue agotar la vía jurisdiccional con pruebas irrefutables, transformando la alta competitividad política en certezas legales para el país», explicó Flores Urrutia.
Formación ciudadana y observación técnica
La gestión institucional también priorizó el fortalecimiento de capacidades, logrando capacitar en los temas jurisdiccionales electorales a 1,322 personas a nivel nacional, entre actores políticos, academia y sociedad civil.
Asimismo, el proceso contó con el acompañamiento de 408 observadores acreditados, incluyendo al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos CONADEH, quienes brindaron una supervisión técnica constante sobre las actuaciones del tribunal.
Finalmente, de las 35 sentencias emitidas, se detallaron resoluciones que incluyeron desde la modificación de resultados hasta la confirmación de declaratorias del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Con una incidencia territorial marcada en departamentos como Francisco Morazán y Cortés, el TJE cierra este ciclo identificando lecciones aprendidas y buenas prácticas que servirán de base para consolidar el Estado de Derecho en futuros procesos electorales.
