El Tribunal de Justicia Electoral (TJE), hizo un urgente y respetuoso llamado al Congreso Nacional (CN), para que se aprueben los presupuestos para elecciones internas, primarias y generales remitidos a ese poder del Estado desde los meses de abril y mayo de 2024.
A 59 días para la realización de las elecciones internas y primarias, el TJE hace un afable y vehemente llamado a la junta directiva del Congreso Nacional, para que se pueda someter a análisis, consideración, discusión y aprobación de los presupuestos necesarios para que el TJE pueda garantizar la labor jurisdiccional el 09 de marzo y el 30 de noviembre del presente año.
El oficio 023-2024 relacionado con la solicitud de presupuesto para las elecciones internas y primarias fue remitido al Congreso el 29 de abril de 2024, y en el mismo se solicita una asignación presupuestaria por 39 millones de lempiras.
Asimismo, el oficio 031-2024 enviado el 13 de mayo, solicita una asignación presupuestaria para la labor jurisdiccional en las elecciones generales por el orden de 42 millones de lempiras.
El TJE también solicita al Congreso Nacional que se pueda remitir a sanción y su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, de la Ley Procesal Electoral que en su momento elaboró el TJE, con el objetivo de fortalecer y volver más transparentes los procesos electorales en el país.
El Pleno de Magistrados considera que “la democracia es el pilar fundamental de cualquier sociedad equitativa y justa y para que funcione, requiere de instituciones sólidas, independientes y con los recursos necesarios para garantizar procesos electorales transparentes, inclusivos y confiables”.
Igual los magistrados recuerdan que el TJE “es la entidad encargada de garantizar los derechos políticos electorales y no solo protege nuestra voz como ciudadanos. Cada voto cuenta porque existe un organismo que lo respalda con imparcialidad y compromiso. Sin los recursos adecuados, esta garantía se ve debilitada, poniendo en riesgo la confianza en nuestro sistema democrático”.
Aprobar el presupuesto de esta institución no es un gasto, es una inversión en la estabilidad política, la paz social y el respeto a la voluntad popular. Es un mensaje claro de que la democracia no es negociable y que estamos comprometidos con su fortalecimiento, indicó.
Por último, expusieron los magistrados que “un sistema electoral sólido es el escudo que protege nuestras libertades y por eso, hoy más que nunca, asegurar su funcionamiento pleno es una responsabilidad colectiva”.
